La Promesa Inconclusa: La Brecha en la Implementación de la Ley de Inclusión y el Decreto 83 en Chile
Chile cuenta con un marco legal avanzado en inclusión educativa, liderado por la Ley 20.845 de Inclusión Escolar y el Decreto 83 que exige la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Sin embargo, la aplicación de estas normativas en la práctica revela una profunda brecha entre el ideal legislativo y la realidad en las aulas. Investigaciones de diversas instituciones señalan que esta disparidad se acentúa según el tipo de establecimiento, afectando el derecho a una educación de calidad para estudiantes con discapacidad cognitiva o que son neurodivergentes.
Un estudio del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso evidenció que uno de los mayores obstáculos es la falta de recursos diferenciados. La Subvención Escolar Preferencial (SEP), principal mecanismo de financiamiento, resulta insuficiente y poco específica para costear los apoyos intensivos que muchos estudiantes requieren, como terapias o equipos multidisciplinarios permanentes. Esta carencia se agrava en la educación pública, que concentra la mayor matrícula de estudiantes con necesidades de apoyo, generando una desigualdad de partida frente a establecimientos privados que pueden invertir recursos propios.
La sobrepoblación de las aulas y la falta de capacitación docente son otras barreras críticas. Un diagnóstico del Ministerio de Educación reconoce que la co-docencia y la implementación efectiva del DUA son limitadas, debido a la alta ratio estudiante-profesor y a una formación inicial y continua que no siempre entrega las herramientas prácticas necesarias. Esto deriva en que las adecuaciones curriculares recaigan, en muchos casos, sobre los equipos PIE de manera reactiva, en lugar de ser una práctica pedagógica universal y proactiva al interior del aula común.
En conclusión, mientras la ley establece un horizonte de inclusión, su implementación choca con problemas estructurales de financiamiento, gestión y formación. Sin una inversión permanente y estratégica que fortalezca el sistema público, reduzca el tamaño de los cursos y capacite de manera continua a los educadores, el Decreto 83 y la Ley de Inclusión corren el riesgo de ser letra muerta. Superar esta brecha es urgente para asegurar que todos los estudiantes, sin distinción, aprendan y participen en igualdad de condiciones.